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Las implicaciones del cierre del espacio cívico en la sociedad civil
Guadalupe Mendoza, 30 de octubre de 2022.
El contexto en el que trabajan líderes sociales, defensoras y defensores de derechos, organizaciones de sociedad civil, movimientos, redes y colectivas en Centroamérica y México está marcado por el cierre del espacio cívico.
¿Cómo se ve este cierre en la práctica? Hace unos días, un colega que trabaja en una organización de alcance regional nos compartía que organizaciones con quienes tuvo la oportunidad de trabajar el año pasado (2021), ya no existen. Estas organizaciones cerraron sus puertas ante el embate de la Ley sobre Regulación de Agentes Extranjeros y de la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro en Nicaragua. La primera ha asfixiado las finanzas de las organizaciones a través de fuertes limitantes para recibir financiamiento internacional, y la segunda ha recrudecido las exigencias administrativas de registro, supervisión, control y divulgación de información personal de sus liderazgos, favoreciendo la criminalización y persecución de activistas. Expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciaron en julio de este año los abusos que experimentan organizaciones y activistas, y reportan el cierre de más de 700 organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, 487 de ellas solo en el mes de junio de 2022. Nuevas disposiciones legales en Guatemala y El Salvador dificultan la operación de las organizaciones, han estigmatizado a defensoras y defensores y abierto la puerta para la persecución y la violencia hacia ellas y ellos. En México, por iniciativa presidencial desde el 2019 se canceló el Programa de Coinversión Social que brindaba recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil, y a través las misceláneas fiscales de 2021 y 2022 se aprobaron restricciones a las diferentes formas de financiamiento que tienen las organizaciones y límites a las deducciones personales desincentivando la donación. Además, hay una continua descalificación y estigmatización hacia periodistas, y defensoras y defensores de derechos humanos que han manifestado preocupaciones por la falta de transparencia, el aumento de la violencia -incluyendo la de género-, la impunidad, el deterioro ambiental, la creciente militarización del país, entre otros retrocesos. Las y los exiliados de Nicaragua, El Salvador y Guatemala se cuentan por decenas. Además de las dificultades que imponen las disposiciones legales, la debilidad del estado de derecho, la impunidad y la presencia del crimen organizado agudizan los riesgos para la acción ciudadana en la región. Un botón de muestra: hasta el 13 de octubre de 2022, solo en México, se han registrado 11 feminicidios de defensoras y periodistas, de acuerdo a la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. En la primera mitad de octubre, el 2022 es ya el segundo año con mayor cantidad de muertes de este tipo.
Nuestro trabajo en Colectivo Meta, tiene el objetivo de acompañar a organizaciones muy diversas en procesos que fortalezcan sus capacidades para lograr que su trabajo tenga impacto. En 2022, gracias a nuestra participación en la Iniciativa ECOS, hemos conocido de forma cercana y tangible cómo viven el cierre del espacio cívico tanto líderes sociales, como defensoras y defensores de derechos, así como las organizaciones a las que pertenecen.
El contexto actual se suma a los retos que ya de por sí tienen las organizaciones, redes y movimientos de sociedad civil. Uno de estos retos persistentes es la falta de recursos flexibles y suficientes para sostener su operación en tiempos de crisis. Es decir, no se puede resolver la carencia de infraestructura de seguridad y cuidado para proteger a quienes protegen nuestros derechos, no hay espacios para la reflexión estratégica interna y colectiva, aumenta la precariedad de sus estructuras operativas, el acceso a tecnología segura, entre otras.
Y aunque la comunidad de donantes y financiadoras en toda su diversidad conoce la situación, ha manifestado públicamente su preocupación por las amenazas que enfrentan las organizaciones, y en muchas instancias han logrado mantener estrategias que les permitan continuar financiando organizaciones en la región, éstas están obligadas a gestionar riesgos y amenazas reales con muchas limitantes ya que su financiamiento es, en su mayoría, solo para proyectos etiquetados hasta el último centavo en actividades concretas que no incluyen “overhead”, es decir, que no brindan a las organizaciones financiamiento para invertir en su capacidad operativa de administración, cumplimiento legal y fiscal, y seguridad. Los tres frentes de vulnerabilidad por donde son perseguidas, atacadas y cerradas.
Ante un panorama tan complejo, es indispensable la reflexión de las y los donantes, y agencias de cooperación que han apoyado durante décadas a organizaciones y movimientos de la región. El centro de esta reflexión debe ser el reconocimiento de que las prioridades de las organizaciones están trastocadas. Cientos de ellas están enfocadas en acciones de supervivencia tanto de las y los activistas que las conforman, como del mantenimiento de la personería jurídica de las mismas entidades. La precariedad operativa las hace MUY vulnerables. Necesitan recursos para fortalecer sus capacidades para cumplir con regulaciones cada vez más complejas y demandantes, personal técnico especializado y con experiencia para hacerles frente, pero también para la defensa jurídica de su personal. Son necesarios recursos para proteger la seguridad física -incluyendo protocolos de exilio- y cibernética tanto de personas que son líderes visibles, como de información, procesos, cadenas de custodia de evidencia, documentos, etc. La capacidad de las organizaciones para dar resultados programáticos está directamente vinculada a la disponibilidad de recursos que les permitan fortalecerse para sortear los obstáculos presentes y futuros que hay y que no dejarán de surgir en su camino.
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1 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América Central, “Nicaragua: Expertos/as de la ONU denuncian el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil”, consultado en https://www.oacnudh.org/nicaragua-expertos-as-de-la-onu-denuncian-el-cierre-arbitrario-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil/, publicado el 29 de julio de 2022, consultado el 19 de octubre de 2022.
2 WOLA, “Nuevos informes de organizaciones de derechos humanos de EE.UU. plantean la preocupación por el camino de Guatemala hacia el autoritarismo y piden respuestas más fuertes de EE.UU”, consultado en https://www.wola.org/es/2022/10/informes-organizaciones-derechos-humanos-ee-uu-guatemala-autoritarismo/, publicado el 6 de octubre de 2022, consultado el 27 de octubre de 2022.
3 Alternativas y Capacidades, “Marco legal y fiscal para las OSC: regresiones y sobrerregulación”, consultado en https://alternativasycapacidades.org/noticias/marco-legal-y-fiscal-para-osc/, consultado el 30 de octubre de 2022.
4 Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, “Condenamos la violencia y acciones de investigación realizadas en contra de defensoras de derechos humanos y periodistas”, consultado en https://red-defensorasmexico.org.mx/condenamos-la-violencia-y-acciones-de-investigacion-realizadas-en-contra-de-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas%EF%BF%BC/?fbclid=IwAR2vHXaNOj4J-H1KwVzJfLaSRzwrPbLv_JaHPMvktkXMUth8ZFRCa9N81Js, publicado el 13 de octubre de 2022, consultado el 27 de octubre de 2022.
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Repercussions of shrinking civic space for civil society
Guadalupe Mendoza, 30 October 2022
Social leaders, human rights defenders, civil society organizations, movements, networks, and collectives in Central America and Mexico work in a context characterized by a shrinking civic space.
How does this closure come into practice?
A few days ago, a colleague who works in a regional organization informed us that some organizations he worked with last year (2021) no longer exist. These organizations shut down after the onslaught unleashed by the Foreign Agents Regulation Law and the General Law for the Regulation and Control of Non-Profit Organizations in Nicaragua. The former has strangled organizations’ finances by imposing tighter restrictions on international funding, whereas the latter has toughened administrative requirements to register, supervise, control, and disseminate private information of their leaders, favouring the criminalization and persecution of activists.
In July, specialists at the Office of the High Commissioner for Human Rights denounced the abuses experienced by activists and organizations, registering the closure of 700 civil society organizations in Nicaragua, 487 of them only in June 2022. [1] Recently approved legislation in Guatemala[2] and El Salvador makes complex organizations’ operations, stigmatizes human rights defenders, and opens the door for persecution and violence against them.
In Mexico, a presidential initiative in 2019 cancelled the Programme for Social Co-investment that financed civil society organizations. In contrast, the 2021 and 2022 fiscal budgets approved restrictions to different funding channels for these organizations. They imposed limits to personal deductions, discouraging donations. [3] In addition, there is a continuous disqualification and stigmatization against journalists and human rights defenders who have expressed concerns about the lack of transparency, the increase of violence –including gender-based–, impunity, environmental degradation, the increasing militarization of the country, among other setbacks. Exiles from Nicaragua, El Salvador, and Guatemala rise to the dozens. Besides the difficulties imposed by legal provisions, the weak rule of law, impunity and the presence of organized crime increase the risks for civic engagement in the region. To cite but one example, up to 13 October 2022, Mexico has registered 11 femicides of journalists and human rights defenders, according to Mexico’s National Network for Human Rights Defenders. Until the first half of October, 2022 is already the second-highest year with this type of murder.
Our work in Colectivo Meta aims to accompany diverse organizations in processes to strengthen their capacities and make their work impactful. In 2022, thanks to our participation in the Initiative ECOS, we have met very closely with how social leaders, such as human rights defenders and their organizations, experience the closure of the civic space.
The current situation represents an additional challenge to those already faced by civil society organizations, networks, and movements. One of these persistent challenges is the need for more flexible and sufficient resources to keep their operations in times of crisis. Unfortunately, this means that we can’t solve the lack of security and care infrastructure to protect those who protect our rights; since there is no room for internal and collective strategic reflection, their operational structures become weaker, as well as their access to safe technology, among others.
Since the community of donors and funders is aware of the situation, with all its diversity, it has publicly expressed concerns about the threats these organizations face. In many cases, they have managed to uphold the strategies that could allow them to continue funding regional organizations. However, these organizations are bound to manage risks, and threats with many constraints since their funding is mainly earmarked, until every penny, for specific activities, not including “overhead,” which means that they do not provide organizations with funding to invest in their management operational capacity, legal and tax compliance, and safety. These are the three aspects from which organizations are mainly persecuted, attacked, and closed.
Against this complex backdrop, donors and agencies that have supported these regional organizations and movements for decades need to conduct a reflection process whose key theme revolves around recognizing that these organizations’ priorities are deeply affected. Hundreds of organizations are focussed on survival actions to protect their activists and uphold their legal status. Consequently, the uncertainty of their operations makes them highly vulnerable. They need resources to strengthen their capacities to comply with more complex and demanding regulations and technical staff competent enough to protect their legal status. They also need support to preserve the physical safety –including exile protocols– and cybersecurity of their leaders, with broad visibility, information, processes, chains of custody of evidence, documents, etc. Finally, the capacity of organizations to deliver planned outcomes is closely related to their resource availability, which could enable them to overcome present and future challenges.
[1] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oficina Regional para América Central, “Nicaragua: Expertos/as de la ONU denuncian el cierre arbitrario de organizaciones de la sociedad civil”, consultado en https://www.oacnudh.org/nicaragua-expertos-as-de-la-onu-denuncian-el-cierre-arbitrario-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil/, publicado el 29 de julio de 2022, consultado el 19 de octubre de 2022. [Office of the High Commissioner for Human Rights, Regional Office for Central America, “Nicaragua: UN experts denounce the arbitrary closure of civil society organizations”, accessed at https://www.oacnudh.org/nicaragua-expertos-as-de-la-onu-denuncian-el-cierre-arbitrario-de-organizaciones-de-la-sociedad-civil/ published on 29 July 2022, accessed on 19 October 2022.]
[2] WOLA, “Nuevos informes de organizaciones de derechos humanos de EE.UU. plantean la preocupación por el camino de Guatemala hacia el autoritarismo y piden respuestas más fuertes de EE.UU”, consultado en https://www.wola.org/es/2022/10/informes-organizaciones-derechos-humanos-ee-uu-guatemala-autoritarismo/, publicado el 6 de octubre de 2022, consultado el 27 de octubre de 2022. [WOLA, “New reports from U.S. Human Rights Organizations Raise Concern About Guatemala’s Path Towards Authoritarianism, Call for Stronger U.S. Responses”, accessed at https://www.wola.org/es/2022/10/informes-organizaciones-derechos-humanos-ee-uu-guatemala-autoritarismo/ published 6 October 2022, accessed on 27 October 2022.]
[3] Alternativas y Capacidades, “Marco legal y fiscal para las OSC: regresiones y sobrerregulación”, consultado en https://alternativasycapacidades.org/noticias/marco-legal-y-fiscal-para-osc/, consultado el 30 de octubre de 2022. [Alternatives and Capacities, “Legal and fiscal framework for CSO: regressions and overregulation”, accessed at https://alternativasycapacidades.org/noticias/marco-legal-y-fiscal-para-osc/, accessed on 30 October 2022.]
